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“No despierten al México bronco”
México
Eduardo Hernández (eduhdez@yahoo.com)
Poder Político /Diario de Yucatán
8 de septiembre 2017
La inseguridad cada vez marcada con rojo en el sureste no es la percepción de antaño como el oficialismo gubernamental, federal y locales, se afanan en excusarse de la responsabilidad les que les implica de velar por la paz pública. Quintana Roo, Veracruz y Tabasco estacan por su alto índice de incidencia en levantones, secuestros exprés, homicidios y asaltos; pero también ocurre en Campeche, Chiapas y en Yucatán.

Desde luego, no es consuelo alguno que la problemática alcanzó al país entero y al mundo, para nada debe verse como una normalidad. No en vano, el texto constitucional de los Estados Unidos Mexicanos replicado en los particulares a las entidades federativas consagra la competencia puntual de los gobernantes para establecer las condiciones de un entorno pacífico.

La corrupción e impunidad, sumados a la incapacidad de responder cuando menos a las elementales necesidades socioeconómicas, por parte de las administraciones públicas son factores determinantes de esta anárquica situación que le ha rebasado a las colectividades.

El asesinato la semana anterior del empresario Gerardo Barceló Cazola nacido en Mérida, Yucatán, pero desde su adolescencia avecindado en Villahermosa, Tabasco, acrecentó aún más la indignación en ambos estados de esta región por las circunstancias que le rodearon en vía pública en demasía transitada, y acontecido durante el día.

Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz se consignaron actos de una violencia y muerte sin precedente, incluso alcanzó a periodistas quienes en su caso evidenciaron la complicidad en esa administración pública.

En Quintana Roo zonas turísticas como Cancún y Playa del Carmen sobresalen como las más violentas, motivada igual por la presencia de células de cárteles del narcotráfico, consentido durante la gestión de Roberto Borge Angulo; aunque la punta de la madeja inició desde el mandato de Mario Villanueva Madrid.
En Chiapas las incidencias están marcadas por los feminicidios y el vandalismo de migrantes centroamericanos, quienes se quedaron instalados en los municipios limítrofes para hacer de la trata de blancas y prostitución su modo de vida.

Esta breve radiografía en lo concerniente al sur y sureste mexicano dan cuenta de la gravedad extrema en una condición catalogada como derecho humano a la luz de las constituciones y en los tratados internacionales.
La infinidad de mexicanos muestreados en las encuestas aplicadas cada mes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas (INEGI), y también por el gobierno de la República, plantean como principal problemática muy recurrente el tema de la seguridad pública. Demanda de la cual no se ha podido dar respuesta a sociedad; por el contrario, prevalece cuando menos en las actuales administraciones federal y locales marcadas por la corrupción e impunidad.

A la proximidad de campañas proselitista para gobernador en Yucatán, Chiapas, Tabasco y Veracruz, además de Presidente de la República, sin lugar a ninguna duda que el factor seguridad pública será el que acapare los índices de mayor demanda, asociada con actividad económica y trabajo remunerado.

El compromiso por obligación tendrá que ser el centro de la plataforma electoral que se registrarán por los partidos políticos ante los órganos administrativos encargados de organizar los comicios, previo al inicio de la puja porque les favorezca la voluntad popular manifestada con el voto en las urnas. Dicho sea de paso, cada vez venida a menos precisamente por no verse representada en sus demandas.

La ciudadanía en los estados del sur y sureste, como el resto del país, esta ocasión deberá ser aún más celosa y crítica en el análisis y razonamiento previo a la emisión del voto.

Reinsertar la paz pública a la sociedad que les mandata con su elección tendrá que ser prioridad de quienes resulten gobernantes, en la presidencia de la República y en los gobernadores. La respuesta deberá ser inmediata, sí o sí.

Bitácora

El Instituto Nacional Electoral emitió estableció mediante Acuerdo que habrá tres debates entre candidatos a Presidente de México. Habida cuenta esta será la oportunidad de los contendientes para plantear más allá del mando único un plan de gran calado que ponga orden social.

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